El caso de la “ley antichatarra” en Oaxaca
El 5 agosto de 2020 el congreso de Oaxaca fue noticia: la legislatura local aprobó reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad.¹ ²
La justificación de esta medida ‒que no existía en ningún otro lugar del mundo‒, fue una amalgama de aspectos. Por un lado, la emergencia que representan los altísimos niveles de sobrepeso y obesidad en el Estado; por otro, la relación entre estos padecimientos y la ingesta de ultra procesados (una relación que la evidencia científica ha demostrado ampliamente) y la consideración de la salud como un derecho de la infancia. ³
Conocida popularmente como “Ley Chatarra”, la modificación entró en vigor el 4 de septiembre del mismo año y convirtió a Oaxaca en la primera entidad federativa en prohibir estos productos para las niñas y los niños.
Pocos días después de la aprobación en Oaxaca, el congreso de Tabasco hizo lo propio, convirtiéndose en el segundo estado del país con una ley para eliminar venta y distribución de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad. ⁴ Algunos meses después, Chiapas⁵ también comenzó a discutir la pertinencia de establecer leyes similares.
Dos años después de la entrada en vigor de la reforma, es indispensable conocer cómo ha sido desarrollada esta medida, las barreras a las que se ha enfrentado, el estado en que se encuentra, su impacto y potencial para replicarla. Justo ahí, para saber esto, es donde entran las ciencias de la implementación. Para ello, un grupo de especialistas en esa disciplina y en salud pública, están desarrollando un proyecto financiado por el Medical Research Council (MRC) del Reino Unido.
El equipo multidisciplinario lo integran mujeres y hombres expertos en epidemiología, nutrición, estadística y, por supuesto, ciencias de la implementación. Por parte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) participan
Carolina Pérez-Ferrer, Tonatiuh Barrientos, Teresa Shamah, Anabelle Bonvecchio, Dalia Stern, Nancy López-Olmedo, Martín Romero, y desde la Universidad de Yale, Donna Spiegelman y Raúl Hernández.
Aunado al grupo de investigación, en el proyecto participarán dos organizaciones oaxaqueñas de la sociedad civil especializadas en derechos y salud alimentaria: Espiral por la vida y Consorcio Oaxaca.
En entrevista, la Dra. Carolina Pérez-Ferrer, Catedrática por México adscrita al INSP y líder del proyecto, destacó que la prohibición de los ultra procesados y bebidas azucaradas en Oaxaca coloca a estos productos al mismo nivel que el alcohol y el tabaco, lo que ha despertado un amplio interés internacional; de ahí la decisión de utilizar la metodología de ciencias de la implementación para comprender un amplio espectro de la política: su aceptabilidad y viabilidad, la opinión que se tiene de ella, si es factible adoptarla y, en caso de haber sido imple- mentada, cuál ha sido su impacto en la salud.
“Algo que se hace poco en México es justo analizar la implementación. Se diseñan políticas que en papel se ven muy bien, que pasan por mucha discusión y participación de la sociedad civil, pero que muchas veces el problema real es que no se implementan de manera adecuada. Un ejemplo de esto fueron los lineamientos para la venta de alimentos en las escuelas, los cuales tuvieron complicaciones en la implementación: los mecanismos de supervisión, las posibles sanciones, la factibilidad con los padres de familia, entre otros”, aseguró la Dra. Pérez-Ferrer.
En qué consistirá el proyecto
De manera general, el estudio se propone evaluarla implementación y el impacto de prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de ultra procesados y bebidas azucaradas a menores de edad. Estará organizado en dos etapas:
En la etapa 1, con una duración de tres años, se evaluarán desenlaces de implementación y sus determinantes; específicamente la aceptabilidad, adecuación, viabilidad, costo, adopción y fidelidad de la ley.
“Para esto, realizaremos encuestas y entrevistas semiestructuradas con actores y llevaremos a cabo un estudio de cliente misterioso, donde niños y adolescentes intentarán comprar productos prohibidos en tiendas y escuelas”, explicó la Dra. Carolina Pérez-Ferrer.
El proyecto avanzará a la etapa 2 si el estudio de cliente misterioso determina que un número suficiente de escuelas y establecimientos de venta de alimentos han implementado la ley.
“En esta segunda etapa el objetivo será evaluar el impacto de la ley sobre la dieta y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de edad”, — destacó la especialista—. “Aprovecharemos los da- tos de seis levantamientos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). Adicionalmente el proyecto prevé levantar una sobre muestra de niños y adolescentes en el estado de Oaxaca en el 2024. Con esta información podremos analizar si hubo cambios en la dieta y el sobrepeso y la obesidad asociados a la ley, al comparar el antes y después de la ley para Oaxaca y estados control. Los análisis utilizarán modelos de efectos fijos de diferencias para estimar impacto”.
Los resultados de este estudio se utilizarán como evidencia rigurosa para justificar la implementación en otros estados o países si se determina que la política es efectiva. Si se encuentra que la efectividad es limitada o nula, el estudio ayudará a entender por qué, para hacer cambios si es posible, o para abandonar esta estrategia en favor de otros enfoques.
Para el doctor Raúl Hernández, investigador de la Universidad de Yale y colaborador del estudio, este proyecto mostrará los elementos que pueden facilitar o impedir la implementación de la intervención. No solo toma en cuenta a los actores gubernamentales y políticos, también considera a las familias, las escuelas, las “tienditas” y demás partes involucradas, así como los factores que pueden in- fluir en que se adopte o no.
“En este tipo de estudios se tienen que evaluar muchos resultados que son una cascada de eventos y realizar mediciones que abarquen todos los impactos hasta llegar a los que benefician a las personas”, puntualizó el investigador.
En el desarrollo de ambas etapas se están construyendo los andamiajes necesarios para que ambos componentes se desarrollen dentro de los marcos éticos internacionales necesarios para realizar la investigación.
Un vistazo a las ciencias de la implementación
Las ciencias de la implementación son una metodología robusta que cada vez toma más relevancia. Incluye métodos tanto cuantitativos como cualitativos.
De acuerdo con el Dr. Raúl Hernández, “en el campo de ciencias de la implementación se trata de ver qué ayuda y que no ayuda a que se puedan implementar políticas, programas o intervenciones, para luego diseñar estrategias que atiendan esos problemas”.
Además, las ciencias de la implementación utilizan modelos y teorías que vienen de diferentes campos para lograr entender, desde todos los puntos de vista y niveles de influencia, cuáles son los factores que pueden incidir en que se lleven a cabo las estrategias, se lleven a cabo parcialmente o no se implementen. Se estudia cómo cada paso va influyendo en el que sigue, en una especie de cascada en la que la fuerza de la política continúa o va disminuyendo. “Puede ser que no sean las políticas lo que no funcione, sino que no sabemos cómo llevarlo a cabo”, puntualizó el Dr. Hernández.
Finalmente, ambos científicos coinciden en que, si bien obtener el financiamiento fue un proceso complejo que duró más de un año y medio, el INSP tiene un considerable reconocimiento a nivel internacional y amplias posibilidades para lograr conseguir recursos de este tipo.
